Durante la ejecución del programa, Magisfor no recopila ningún dato
personal de su ordenador.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales ha
sido aprobada con un 93% de apoyo parlamentario.
La nueva normativa, que adapta el derecho español al modelo
establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
introduce novedades mediante el desarrollo de materias contenidas en
el mismo.
La Ley facilita que los ciudadanos puedan ejercitar
sus derechos al exigir, en particular, que los medios para hacerlo
sean fácilmente accesibles. Además, se regula el modo en que debe
informarse a las personas acerca del tratamiento de sus datos
optándose, específicamente en el ámbito de internet,
por un sistema de información por capas que permita al ciudadano
conocer de forma clara y sencilla los aspectos más importantes del
tratamiento, pudiendo acceder a los restantes a través de un enlace
directo.
Otro de los aspectos novedosos incluidos en la nueva
normativa es que se reconoce específicamente el derecho de acceso y,
en su caso, de rectificación o supresión por parte de quienes
tuvieran vinculación con personas fallecidas por
razones familiares o de hecho y a sus herederos. La medida limita el
ejercicio de estos derechos cuando el fallecido lo hubiera
prohibido.
En cuanto a los menores, la Ley fija
en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar
consentimiento de manera autónoma. También se regula expresamente el
derecho a solicitar la supresión de los datos facilitados a redes
sociales u otros servicios de la sociedad de la información por el
propio menor o por terceros durante su minoría de edad.
La Ley refuerza, como propuso la Agencia, las
obligaciones del sistema educativo para garantizar
la formación del alumnado en el uso seguro y adecuado de internet,
incluyéndola de forma específica en los currículums académicos y
exigiendo que el profesorado reciba una formación adecuada en esta
materia. A tal efecto, el Gobierno deberá remitir en el plazo de un
año desde la entrada en vigor de la Ley un proyecto de ley dirigido
específicamente a garantizar estos derechos y las administraciones
educativas tendrán el mismo plazo para la inclusión de dicha
formación en los currículums.
El texto regula, asimismo, el derecho al
olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la
información equivalentes. Se exceptúa la supresión cuando los datos
hubieran sido facilitados por terceros en el ejercicio de
actividades personales o domésticas.
Por otra parte, la Agencia ha propuesto que se
recogieran en la Ley los sistemas de denuncias internas
anónimas, a través de los cuales puede ponerse en
conocimiento de una entidad privada la comisión de actos o conductas
que pudieran resultar contrarios a la normativa. Estos sistemas son
imprescindibles para que las personas jurídicas puedan acreditar la
diligencia necesaria para quedar exentas de responsabilidad penal.
De este modo, la Ley dota a las empresas de un mecanismo que les
permite conciliar su propio derecho con el derecho a la protección
de datos de las personas.
Además, la Ley actualiza las garantías del derecho a
la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de
grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Asimismo, refuerza las
garantías del derecho a la intimidad en relación con el uso de
dispositivos digitales puestos a disposición de los empleados,
complementando la regulación del derecho a la intimidad ante la
utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito
laboral, de los que deberán ser informados.
Otra novedad es la referida a la regulación de los sistemas
de información crediticia (los conocidos como ficheros de
morosos), que reducen de 6 a 5 años el periodo máximo de inclusión
de las deudas y en los que se exige una cuantía mínima de 50 euros
para la incorporación de las deudas a dichos sistemas. Con la
anterior Ley, no existía una cantidad mínima.
Por último, se modifica la Ley de competencia
desleal, regulando como prácticas agresivas las que tratan
de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las
relacionadas con el asesoramiento conocido como ‘adaptación a coste
cero’ a fin de limitar asesoramientos de ínfima calidad a las
empresas.
